Categoría: Internacionales

Luisa González, abanderada de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, se imponía este domingo en las elecciones presidenciales en Ecuador, aunque el caudal de votos no le alcanzaba para llegar al palacio de Carondelet: deberá disputar una segunda vuelta contra el candidato de derecha Daniel Noboa, quien quedó segundo.

Los primeros resultados oficiales, con un 62,3% de los votos escrutados, mostraban un triunfo de  González, con un 33.13% de los votos. En segundo lugar quedó Noboa, de Acción Democrática Nacional, hijo de un acaudalado empresario bananero que ya se presentó varias veces a la presidencia.

Según los datos provisorios, Noboa obtenía un 24,1% y se convertía en la sorpresa de la jornada, ya que los sondeos previos lo ubicaban muy atrás de otros candidatos. Si la tendencia se mantiene, González, de 45 años, y Noboa, de 36, volverán a medirse en las urnas el 15 de octubre.

"Gracias por este gran triunfo", dijo González en un barrio popular del sur de Quito. "Estamos felices porque estamos haciendo historia".

Por su parte, Noboa, el candidato más joven entre los ocho que se presentaban este domingo, habló por la noche desde Guayaquil, donde esperó los resultados, y prometió ponerse desde este mismo lunes a trabajar en una nueva campaña, de cara a la segunda vuelta.

Aunque seis empresas habían sido autorizadas a difundir encuestas en boca de urna, varias decidieron no hacerlas porque, según argumentaron, no existían las condiciones de seguridad para hacerlo. Los primeros resultados oficiales comenzaron a difundirse a partir de las 19.15 (dos horas más en la Argentina).

Luisa González, candidata de Revolución Ciudadana, al votar en Canuto, provincia de Manabi, en Ecuador. Foto: EFE

En tercer lugar figura el asesinado candidato Fernando Villavicencio, con el 16,3 % de los votos, que irán a parar a Christian Zurita, su colega de investigaciones periodísticas que decidió asumir la candidatura luego del crimen perpetrado el 9 de agosto por presuntos sicarios colombianos

Pasadas las 11 de la noche de nuestro país, los datos oficiales mostraban en la cuarta ubicación a Jan Topic, con el 14,6%. Mucho más atrás quedaba Otto Sonnenholzner, con algo más del 7%, Yaku Pérez con cerca del 4%, y luego Xavier Hervas y Bolívar Armijos con menos del 1%.

Tras el cierre de los centros de votación, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamint informó en cadena nacional que las elecciones fueron “pacíficas y seguras”, sin incidentes, aunque señaló que el sistema telemático para votación en el exterior fue objeto de varios ataques cibernéticos desde siete países, entre ellos China, India y Bangladesh.

Agregó que se había registrado un 82,26% de participación, una cifra similar a la de elecciones anteriores.

Para ganar en una sola vuelta, un candidato debería alcanzar el 40% de los votos válidos con una distancia de 10 puntos sobre el que quede segundo. Si ninguno llega a ese porcentaje, habrá una segunda vuelta el 15 de octubre.

El candidato presidencial Daniel Noboa. con chaleco antibalas, en su mesa de votación en Manglaralto, Ecuador. Foto: REUTERS

Mandato breve

Unos 13,4 de los 18,3 millones de ecuatorianos estaban llamados a las urnas para elegir presidente y a los 137 miembros de la Asamblea legislativa.

El presidente que salga de esta elección deberá completar el mandato del conservador Guillermo Lasso, que en mayo recurrió al mecanismo previsto en la Constitución y conocido como “muerte cruzada”, con el que disolvió el Parlamento y llamó a elecciones presidenciales anticipadas, cuando enfrentaba un juicio político que podría haber terminado en su destitución.

La oposición en el Congreso lo acusaba de supuestos actos de corrupción nunca probados y que el mandatario desmiente con vehemencia.

Así, el próximo ocupante del palacio de Carondelet gobernará por apenas un año y medio, hasta mayo de 2025, cuando termina el actual período presidencial.

Votar con miedo

Bajo un operativo de seguridad inédito, que desplegó a cerca de 100.000 policías y militares por todo el país, que se mantiene en estado de excepción, los centros electorales abrieron puntuales a las 7 de la mañana (las 9 en la Argentina).

Christian Zurita, el candidato que reemplazó al asesinado Fernando Villavicencio. Foto: BLOOMBERG

En los colegios de Quito convertidos en centros de votación el movimiento era animado desde la mañana, con familias enteras que iban a votar, muchos con chicos o mascotas. En algunos, la policía revisaba bolsos y mochilas de los votantes en la puerta -las autoridades electorales habían recomendado no ir con bolsos ni mochilas por razones de seguridad- pero el miedo a posibles ataques durante la jornada de votación no se hizo realidad.

Los ocho candidatos a la presidencia votaron en las primeras horas del día, cada uno en su ciudad y férreamente custodiados, luego de una campaña marcada por la sombra del crimen organizado, en especial tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el periodista y candidato a presidente que investigaba la corrupción y que había denunciado vínculos entre políticos y grupos del narcotráfico.

Militares un colegio de Guayaquil, durante la elección de este domingo. Foto: EFE

Christian Zurita, quien reemplazó al candidato por el movimiento Construye -paradójicamente, la foto y el nombre de Villavicencio figuraban en la boleta electoral, ya que los tiempos legales no permitieron reimprimirlas tras el magnicidio del 9 de agosto- votó en un colegio de la zona norte de Quito bajo un impresionante despliegue de seguridad.

El sábado había denunciado que recibió amenazas a través de las redes sociales. Y desde que se confirmó su candidatura, recién este miércoles, Zurita dijo varias veces que su vida corría tanto riesgo como la de Villavicencio.

Otra vez se lo vio con casco militar y chaleco antibalas, como en su cierre de campaña, rodeado por policías y custodios que lo empujaban para salir rápido de allí.

Estas elecciones extraordinarias se dan en medio de la peor crisis de seguridad de Ecuador, inmerso en una ola de violencia que las autoridades atribuyen al crimen organizado y al narcotráfico, que hizo que el país pasara en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta de su historia.

Quito, enviada especial

Fuente: Externa.

En julio una niña peruana de 11 años se enteró de que llevaba trece semanas de gestación. Su padrastro, Lucas Pezo Amaringo, de 43 años, había abusado sexualmente de ella de forma sistemática desde poco antes de que empezara la primaria. Mila —un nombre ficticio para proteger su identidad— ya le había contado de las agresiones sexuales a su madre, otra víctima de Pezo que nunca había denunciado las vejaciones por temor a las represalias. Pero esta vez, ante el horror de la violación, fue junto a Mila a una comisaría de Iquitos, la capital de la región selvática de Loreto donde viven, para presentar una denuncia.

La Policía detuvo al violador, pero el juez Bernuel Espíritu Portocarrero lo dejó en libertad, con obligación de comparecencia periódica en el juzgado, aduciendo que no había suficientes elementos de convicción para dictar prisión preventiva. El calvario de Mila continuó cuando la Unidad de Protección Especial (UPE), un organismo público encargado de la protección de los menores, no activó el protocolo de aborto terapéutico y no brindó información alguna a su madre. Es más, esta instancia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables decidió enviar a Mila y a sus tres hermanos, incluido un bebé de menos de seis meses, a diferentes albergues de acogida, alejándola de su familia en el momento más delicado.

El 3 de agosto, una junta de médicos del Hospital Regional de Loreto determinó que Mila debía seguir el embarazo, rechazando que ello suponía un atentado contra su salud. Eso, a pesar de que el riesgo de muerte de una menor de 15 años por causas relacionadas al embarazo se triplica en relación con mayores de veinte años, según establece el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). A partir de entonces diversos organismos nacionales e internacionales iniciaron una cruzada para revertir la decisión.

Fue la presión mediática la que consiguió que el 12 de agosto, otra junta médica, esta vez desde Lima, la capital del Perú, determinara que Mila pudiese acceder a un aborto terapéutico con 18 semanas de gestación. “Tras la rigurosa evaluación de este caso se llegó a la conclusión que, para evitar en su salud física y mental un mal grave o permanente, se aprobó la interrupción del embarazo”, dice el comunicado del Instituto Nacional Materno Perinatal, ente que llevó a cabo el procedimiento y vigila la recuperación de la paciente.

Al cabo de unos días, la Conferencia Episcopal Peruana hizo público un oficio donde rechaza categóricamente que esta niña abusada por su padrastro haya renunciado a la condición de ser madre. “Frente a este acto de injusticia y de vulneración del derecho a la vida del nasciturus levantamos nuestra voz de rechazo ante este hecho injusto e indolente, puesto que la vida es sagrada. La vida es un don inalienable porque es un don divino, que Dios pide salvaguardarla”, sostienen los obispos. Además señalan que en “todo embarazo por violación existen un violador, una víctima y un inocente” y, por tanto, “no se puede justificar un mal, en este caso, un aborto directo, para obtener supuestamente el bienestar de otra persona”. Los religiosos dicen tener la enorme preocupación de que “Perú le abra las puertas a la cultura de la muerte”.

No ha sido el único pronunciamiento en contra. Congresistas conservadores también han hecho público su disconformidad. “Lamentablemente el sacrificio del hijo de Mila vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento”, dijo Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular. Comentario similar el de su compañero de bancada, Jorge Montoya: “Las consecuencias de esta decisión alteran por completo el verdadero significado del derecho a la vida, ha cometido de manera perversa un homicidio por una presión absurda e ideológica contraria ampliamente a la vida y protección de los seres humanos”.

Estas declaraciones y pronunciamientos han sido, en cualquier caso, ampliamente criticados al tratarse de una revictimización de la niña. La abogada Josefina Miró Quesada manifiesta al respecto: “Necesitamos hablar más del aborto y desestigmatizarlo desde nuestros espacios. Muchas veces, las mujeres y niñas que buscan abortar lo hacen en soledad. El miedo las paraliza y la falta de información, comprensión y empatía en sus entornos hacen más duro el proceso”.

Según datos publicados por el diario El Comercio, cada año en Perú 1.100 niñas menores de 15 años se convierten en madres. El caso de Mila no ha sido una excepción, sino la confirmación de un drama. Hace dos meses, el Estado Peruano fue declarado culpable de haber violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena de 13 años -Camila, que padeció un tormento similar al ser víctima de violación e incesto- por no brindarle el acceso al aborto legal y seguro. La sentencia fue emitida por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.

El miércoles, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra Lucas Pezo Amaringo, el violador. Un mes y medio después de ser puesto en libertad, el agresor está prófugo. Se ha dispuesto su captura inmediata cuando está no habido.

El Congreso de los Diputados español surgido de las últimas elecciones se instaló este jueves y eligió a una socialista para presidirlo gracias al apoyo de independentistas catalanes, lo que aumenta la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, el también socialista Pedro Sánchez, sea reelecto al frente de otra coalición progresista.

La catalanoparlante Francina Armengol, de 52 años, obtuvo los votos de 178 diputados, dos por encima de la mayoría absoluta, incluyendo el de los legisladores de Juntos por Catalunya (JxC), la formación de Carles Puigdemont que representa al ala dura del independentismo catalán.

Armengol, que fue presidenta regional de la región de las Islas Baleares, muy próxima culturalmente a Cataluña. derrotó a Cuca Gamarra, la candidata del derechista Partido Popular (PP), lo que asesta un duro golpe a las intenciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, de ser investido presidente del Gobierno.

Francina Armengol celebra su elección. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Comienzas las rondas de consultas con el Rey

Con el Congreso ya instalado, la siguiente etapa en el proceso de formación de un Ejecutivo llegará cuando el rey Felipe VI, el jefe de Estado español, nomine a un candidato a la presidencia o jefatura del Gobierno, que le será propuesto por el nuevo presidente de la Cámara de los Diputados, es decir, por Armengol.

El PP fue el más votado en las elecciones generales del 23 de julio, pero no llega a la mayoría absoluta de 176 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados -la cámara baja del Parlamento, que es la que elegirá al futuro presidente del Gobierno-, ni siquiera con las bancas de sus aliados del partido de extrema derecha Vox.

El PSOE de Sánchez y sus aliados de la coalición de izquierda Sumar tampoco lograron en los comicios esa cantidad de escaños, pero tienen chances aritméticas de alcanzar la investidura aliados con las fuerzas independentistas.

Para ser electo presidente del Gobierno, el nominado deberá obtener la mayoría absoluta en una primera votación en la Cámara de los Diputados o una mayoría simple en una segunda votación 48 horas después.

Si nadie logra el respaldo necesario, España deberá repetir las elecciones dentro de los seis meses siguientes.

Francina Armengol es felicitada tras su elección. Abajo, Pedro Sánchez. Foto: Reuters

El apoyo de los independentistas de Puigdemont, refugiado en Bélgica desde 2017 y reclamado por la Justicia española, se produjo después de un acuerdo impulsado por Sánchez que prevé que el catalán y las otras lenguas españolas puedan usarse en el Congreso de los Diputados.

Contempla asimismo que España intente que estas lenguas sean de trabajo en la Unión Europea (UE), y la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje de independentistas catalanes por parte de los servicios de inteligencia españoles.

Más aún, el acuerdo contempla crear una comisión de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de 2017, de los que este jueves se cumplen seis años, porque los independentistas sospechan del Estado.

Una votación clave

La elección de la nueva presidenta del Congreso era muy esperada, no tanto porque este cargo represente la tercera autoridad del país, sino porque su resultado dará una clara indicación de si Sánchez será reelegido en la votación de investidura, que podría tener lugar a fines de agosto o principios de septiembre.

JxC explicó que este acuerdo debe cumplirse para abordar la investidura de Sánchez, que necesita los siete votos del partido catalán para ser investido.

De cara a una sesión de investidura, los dos bloques, por un lado el del Gobierno saliente de izquierdas, y, por otro, el de la derecha y la extrema derecha, parecen estar en medida de contar con el apoyo de 171 diputados cada uno.

Además de los siete diputados de JxC, la única diputada de un partido regional de las islas Canarias serán decisivos.

El presidente del Gobierno en funciones y diputado socialista, Pedro Sánchez, aplaude a la diputada balear Francina Armengol. Foto: EFE

Esta inesperada situación da el protagonismo a JxC, que tiene en su mano decidir si Sánchez sigue al frente de España o, en caso contrario, si el país tendrá que celebrar nuevas elecciones en los próximos meses. Se da por prácticamente descartado que JxC entregue sus votos al PP.

Agencias

Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, dueño de una de las televisoras más influyentes del país, responsable de una popular red de tiendas de electrodomésticos, dedica buena parte de su tiempo últimamente a una guerra de insultos con la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández. El viernes, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al magnate que borrara decenas de tuits con insultos a la política. Este sábado, Salinas Pliego, polémico como pocos, ha contestado: “Oink, oink”.

La historia viene de largo. En octubre pasado, el dueño de TV Azteca arremetió contra Hernández, que fue senadora por Morena entre 2018 y 2020, porque alguien lo etiquetó en una foto con ella. Salinas dijo: “Esto ya es adrede, uno anda feliz y me etiquetan en estas fotos, ¿qué estaría pensando la cenadora que se le ve tan llena de vida y de cachetitos sonrosados?”. La ce en vez de la ese en la palabra cenadora era, claro, un insulto a Hernández, por su aspecto físico.

La cosa subió de tono, porque Hernández le contestó señalando los impuestos que el magnate debe. “Pensaba cómo se podría fortalecer la política social en el país si pagara los impuestos que debe”, escribió. Salinas le recomendó entonces que se pusiera a dieta. Los ataques han seguido estos meses, con cierta regularidad. Hasta el punto en el que el INE, arbitro electoral, se metió en la contienda, decidiendo que Salinas había cometido violencia política de género contra Hernández. Finalmente, el INE ha obligado al magnate a borrar 70 tuits en que insulta a la exsenadora.

Este sábado, Hernández le ha mandado un mensaje a Salinas en Twitter. “No hagan corajes. Respetar a las y los diferentes es humanismo. El debate es de ideas, no de adjetivos que atenten contra la dignidad de las personas. Bienvenidas todas las críticas por nuestro actuar político, pero No a la violencia por nuestro género, por nuestro peso, nuestra talla o nuestro cuerpo”. Junto al texto ha publicado una foto en que aparece Lisa Simpson, junto a un cartel: “Ser millonario no te da derecho el derecho de violentar mujeres”.

A pocos deja indiferente Salinas Pliego. A veces con salidas de tono en redes sociales, insultos o planteamientos agresivos sobre cualquier tema, el magnate emplea Twitter para dar rienda suelta a sus peculiares teorías económicas. En diciembre de 2021, dedicó el día de nochebuena a loar la desigualdad, como un motor necesario para “el progreso de la sociedad”. Muchos le aplaudieron, otros le tacharon de insensible e ignorante.

Algunas veces se pone serio, pocas, solo cuando se trata de temas fiscales o bursátiles. En marzo, por ejemplo, las acciones de TV Azteca cayeron un 30%, después de que un grupo de acreedores en Estados Unidos exigiera su quiebra involuntaria. “Atenderemos con firmeza todos los procesos legales, sabedores de que contamos con la razón ética y jurídica, y de que así lo confirmarán las autoridades judiciales”, informó la empresa.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que los crecientes problemas económicos de China han convertido al país asiático en una "bomba de tiempo".

"China es una bomba de tiempo en muchos aspectos", afirmó el mandatario, que buscará la reelección en 2024, en un acto privado de recaudación de fondos en el estado de Utah (oeste).

El demócrata señaló el alto desempleo y el envejecimiento de la mano de obra en el gigante asiático y dijo que "China tiene problemas".

"Cuando la gente mala tiene problemas, hace cosas malas", afirmó.

Biden recibió duras críticas de Pekín en junio pasado al equiparar a su homólogo Xi Jinping con "dictadores", en un comentario calificado de "ridículo" y de "provocación" por el gobierno chino.

Biden insistió en que buscaba "una relación racional con China". "No quiero hacer daño a China, pero estoy observando", dijo.

Washington relanzó recientemente su diálogo con la potencia asiática, con una sucesión de visitas a Pekín de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el jefe de la diplomacia, Antony Blinken.

El objetivo del viaje de Blinken era pasar página a las recientes tensiones en torno a un globo chino, descrito como una operación de "espionaje", que fue derribado por Estados Unidos en febrero.