Categoría: Internacionales

El pandillero, deportado el domingo, es fundador de la Ranfla Nacional, la cúpula criminal que negoció reducciones de homicidios a cambio de beneficios carcelarios con varios gobiernos salvadoreños, entre ellos el actual.

Cada día se conocen más detalles sobre el acuerdo carcelario entre Nayib Bukele y Donald Trump para recibir a migrantes deportados. El lunes, un día después de que el presidente salvadoreño televisara el traslado 261 presuntos miembros del Tren de Aragua y la MS-13 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la Casa Blanca aclaró que, en realidad, 101 de los venezolanos que llegaron el domingo eran simplemente migrantes indocumentados, no terroristas. Para entonces, la polémica ya estaba servida. El mismo día en el que EE UU envió dos vuelos cargados de deportados venezolanos usando una ley del siglo XVIII pensada para tiempos de guerra y sin seguir el debido proceso judicial, un juez bloqueó la medida temporalmente.

Después, The New York Times reveló que, aunque Washington aseguró que los aviones ya se encontraban sobrevolando aguas internacionales cuando un juez ordenó suspender la operación, al menos uno de ellos aún no había despegado. Bukele ha dado motivos económicos para alquilar su megaprisión; el presidente salvadoreño estima que puede suponerle un ingreso de 6 millones de dólares anuales, que ayudarán a mantener un sistema carcelario de 200 millones al año. Pero, el dinero no parece ser todo lo que busca.

Uno de los pandilleros de la MS-13 que aparece entre los deportados en el video publicado por Bukele es César Humberto López Larios, alias Greñas de Stoners, uno de los máximos líderes de la estructura criminal y miembro fundador de la Ranfla Nacional, la cúpula criminal que negoció reducciones de homicidios a cambio de beneficios carcelarios con varios gobiernos salvadoreños, entre ellos el de Bukele. López Larios fue capturado el 9 de junio de 2024 en México, luego de años de estar en la lista de los más buscados por el FBI.

Greñas fue además uno de los 27 líderes acusados de narcoterrorismo por Estados Unidos y se esperaba que declarara en una corte de Nueva York sobre sus pactos con el Gobierno. Cuatro días antes de la deportación de Greñas, el 11 de marzo, la fiscalía solicitó sobreseer los cargos en su contra. “Debido a razones geopolíticas y de seguridad nacional, y a la autoridad soberana del Órgano Ejecutivo en asuntos internacionales, Estados Unidos desestima los cargos contra el acusado sin perjuicio, para que El Salvador pueda procesarlo primero bajo acusaciones penales bajo la ley salvadoreña”, se lee en un documento fiscal obtenido por El Faro.

Esto, según algunos expertos, podría ser interpretado como un mensaje para los líderes pandilleros en manos de las autoridades estadounidenses: si hablan, pueden terminar en manos de Bukele. Por su parte, el mandatario salvadoreño busca congraciarse con Trump de todas las maneras posibles para alcanzar sus objetivos. Y parece estarlo logrando.

Este martes, dos días después de que se conociera la deportación de Greñas, dos de los máximos líderes de la MS-13 detenidos en EE UU, que participaron en las negociaciones con el Gobierno de Bukele, se declararon culpables ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, según documentos obtenidos por el periodista Carlos García, de Insight Crime. Sus nombres son Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias Rojo de Park View y Jorge Alexander de la Cruz, alias Cruger.

El historial de Greñas

López Larios nació en 1978 en el occidente de El Salvador. Fue fundador de las primeras células de la Mara Salvatrucha en la década de los noventa. Su historial criminal es largo. Se le ha acusado de homicidio, extorsión y de formar parte de organizaciones terroristas. Fue condenado y liberado varias veces entre los años 2002 y 2013. En los siguientes años fue enviado por la MS-13 a realizar operaciones en México y Estados Unidos.

Una investigación realizada en 2016 por la Fiscalía y la Policía salvadoreña llamada Operación Jaque, de la que EL PAÍS tiene una copia en su poder, revela una serie de llamadas telefónicas en las que los líderes pandilleros coordinan tráfico de armas y droga desde México hacia El Salvador. En las conversaciones, los líderes señalan a Greñas como “el encargado” del movimiento de droga como parte del Programa México, el brazo de la MS-13 en ese país.

En 2017, Greñas fue capturado en Estados Unidos y deportado a El Salvador. Ahí fue recluido en un penal de máxima seguridad acusado de una docena de delitos, entre ellos el de ordenar el asesinato de policías. Pero en octubre de 2020, una corte de segunda instancia ordenó su liberación con el argumento de que había excedido su tiempo en prisión sin que pesara sobre él una condena en firme. Para entonces, Bukele llevaba más de un año como presidente.

El 9 de junio de 2024, López Larios fue capturado en la ciudad de Arriaga, en el Estado de Chiapas, México. Posteriormente, fue trasladado a Estados Unidos donde fue detenido por agentes del FBI.

El caso que tiene nervioso a Bukele

Las negociaciones entre las pandillas MS-13 y Barrio 18 con la administración Bukele han sido reveladas por sendas investigaciones periodísticas, pero una de las acusaciones formales de la fiscalía estadounidense presentada en 2022 señala directamente a dos altos funcionarios de Bukele de negociar con la MS-13 una reducción de homicidios entre 2019 y 2021.

Policías salvadoreños afeitan la cabeza a Greñas (derecha) y a otro deportado el domingo en el CECOT.Secretaria de Prensa de la Presidencia (via REUTERS)

Entre 2020 y 2022, Estados Unidos solicitó en varias ocasiones a El Salvador extraditar a los líderes que tenía en sus cárceles. El Gobierno de Bukele se negó, llegando a generar tensión diplomática entre ambas naciones. Por su parte, el FBI redobló esfuerzos para capturar a los que estaban en libertad y capturó al menos a media docena, entre ellos a Greñas.

Otro de los líderes de la Mara Salvatrucha detenido en México y enviado a Estados Unidos fue Elmer Canales, alias Crook, quien fue capturado el 8 de noviembre de 2023 en territorio mexicano, cuando se suponía que estaba pagando una condena en el penal de máxima seguridad de El Salvador. En enero de 2024, una investigación de El Faro reveló que el Gobierno de Bukele estaba tan desesperado por recuperar al líder que antes había liberado de forma ilegal que llegó a ofrecer, a través de intermediarios, un millón de dólares al Cartel Jalisco Nueva Generación a cambio de su ayuda para recuperar a Crook.

A pesar de todos los esfuerzos hechos por Estados Unidos por capturar a los líderes de la MS-13, el Gobierno de Trump parece estar dando un giro en sus intenciones. O al menos con uno ellos. El acuerdo entre Bukele y Trump para recibir deportados en el CECOT se conoció el 3 de febrero, luego de la visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, al país centroamericano. Ese mismo día, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo en una entrevista televisiva que la deportación de los líderes de la MS-13 en poder de Estados Unidos era “un tema de honor”. “Fue lo único que el presidente Bukele le dijo exactamente (a Trump): ‘Queremos que nos deporten a los cabecillas que están en Estados Unidos”, dijo Mayorga.

Tras recibir a Greñas entre los deportados del sábado, Bukele escribió en su cuenta de X: “Uno de ellos es miembro de la estructura más alta de la organización criminal. Esto nos ayudará a finalizar la recopilación de inteligencia y perseguir a los últimos remanentes de la MS-13, incluidos sus antiguos y nuevos miembros, dinero, armas, drogas, escondites, colaboradores y patrocinadores”.

Las deportaciones desde Estados Unidos hacia el CECOT han sido detenidas por un juez federal, quien ha dado hasta el próximo lunes a la administración Trump para demostrar que no desobedeció una orden judicial. Esto también pone en entredicho si el acuerdo seguirá funcionando y más pandilleros de la MS-13 en poder de Estados Unidos podrían regresar a las manos de Bukele.

El fallecimiento de Gene Hackman y Betsy Arakawa conmocionó al mundo, no solo por la sorpresa ante la noticia, sino también por el enigma que rodea el acontecimiento. Sus cuerpos, junto con el de su perro, fueron hallados muertos en su residencia. Se han propuesto varias teorías al respecto; sin embargo, las autoridades ya han establecido la causa de muerte oficial.

El 27 de febrero, la noticia se difundió sobre el fallecimiento del actor de Hollywood Gene Hackman, de 95 años, junto a su esposa de 63 y su perro, en su residencia en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos. Las circunstancias del suceso generaron tendencia en las redes sociales debido a su carácter enigmático, ya que se descartó que hubiera sido un acto violento.

Así, se descartó la posibilidad de que fallecieran debido a una fuga de gas. No obstante, tanto los agentes como los médicos fomentaron las especulaciones con hipótesis, sugiriendo que "Betsy Arakawa perdió la vida por “un corazón roto”" al señalar que la tristeza la consumió tras descubrir los restos de su esposo. También se planteó la posibilidad de que podrían haber sido envenenados a través de la comida.

Confirman causa de muerte de Gene Hackman y Betsy Arakawa

El Dr. Heather Jarell, médico responsable de la investigación del caso junto a las autoridades de Nuevo México, presentó en un informe los hallazgos de la autopsia, indicando que Betsy Arakawa falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus una semana antes que su esposo, específicamente el 11 de febrero.

Por otro lado, el fallecimiento de Gene Hackman se debió a una afección cardiovascular, y se informó que experimentó múltiples infartos. Además, se determinó que el intérprete no percibió el deceso de su esposa a causa de su avanzado alzhéimer.

Zena, el perro de la familia que también fue encontrado muerto, había sido recogido del hospital por Betsy el 9 de febrero para comenzar un tratamiento médico. A pesar de que los restos del animal estaban dentro de una caja en la residencia, el cuerpo de Hackman fue hallado en la cocina y el de Betsy en el baño.

LIMA (AP) — Fue un gran día para la presidenta accidental de Perú, Dina Boluarte, cuya agenda oficial llevaba meses vacía.

El jueves, la cumbre de alto perfil del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) puso a Boluarte —una de las presidentas más impopulares del mundo con un índice de aprobación de apenas el 4%— bajo los reflectores de un centro de convenciones lleno de líderes mundiales, destacados directores generales y mandatarios visitantes.

No es solo que Boluarte, quien durante mucho tiempo fue una funcionaria pública de bajo perfil y mal pagada, nunca antes haya extendido la alfombra roja para líderes tan poderosos como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de China, Xi Jinping, desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. Es que casi no se la ha visto fuera de su mansión de ladrillo en semanas. Los periodistas locales cuentan más de 100 días desde que habló por última vez con un reportero.

Su reciente reclusión no es especialmente sorprendente. Se convirtió en presidenta porque era la vicepresidenta de Pedro Castillo, un exmaestro rural sin experiencia política previa que fue destituido cuando intentó disolver el Congreso y desmantelar los tribunales. Una ola de protestas violentas sacudió el país, empañando las primeras semanas de Boluarte en el poder.

La popularidad de la presidenta se hundió más aún en marzo, cuando la presencia de relojes Rolex brillando en su muñeca llevó a la policía a allanar su vivienda y a la fiscalía a iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito.

Un sondeo elaborado por la encuestadora Ipsos mostró que su aprobación cayó a apenas el 4%. La encuesta se realizó entre el 10 y el 11 de octubre y tenía un margen de error de más menos 2,8 puntos porcentuales. Ningún presidente en Perú ha obtenido un resultado peor en al menos 40 años.

Los poderosos legisladores, satisfechos con sus generosos salarios, han resistido los llamados para destituirla, pero han asumido en silencio la mayoría de sus funciones, lo que deja a Boluarte con poco que hacer.

El último foco de ira pública ha sido una creciente tendencia a la extorsión violenta por parte de bandas criminales en la periferia de Lima. Los manifestantes que acusan al gobierno de indiferencia ante el aumento de la criminalidad han salido a la calle en todo el país.

El miércoles, los inconformes bloquearon carreteras y protestaron en la región suroriental de Arequipa, lo que provocó una represión policial que dejó seis heridos por balas de goma. Los residentes en la capital aprovecharon también la atención internacional para organizar protestas esta semana mientras Biden y otros 20 líderes mundiales se preparaban para participar en la cumbre de APEC.

Tras una serie de asesinatos dirigidos a conductores de autobús que no cedieron a la extorsión el mes pasado, que causaron conmoción en Lima, los conductores de transporte público lanzaron varias huelgas que paralizaron la ciudad de 10 millones de habitantes. El gobierno ha declarado el estado de emergencia y prometió una respuesta contundente, pero la persistencia de los ataques violentos han avivado la ira contra Boluarte.

Temiendo todo lo que podría salir mal al sacar a la líder extremadamente impopular de las sombras y situarla en la primera plana mundial esta semana, el gobierno no dejó nada al azar.

Las autoridades declararon días festivos no laborables de jueves a sábado y cerraron las escuelas, además de ordenar a millones de estudiantes y funcionarios públicos que se quedaran en casa toda la semana para mantener las calles despejadas. En un paso subterráneo cerca del centro de convenciones donde se celebra la cumbre, los trabajadores limpiaron el lunes la frase “Dina Asesina”, pintada con espray en una pared de concreto.

“El evento es sin duda importante para Perú, pero el gobierno tiene tanto miedo de perder el control de las calles que está exagerando, imponiendo medidas inapropiadas”, dijo Eduardo Dargent, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú.

Los funcionarios han rogado a la ciudadanía que no proteste.

“Sería muy lamentable que, en los días en que recibimos visitantes de las 21 economías más poderosas del mundo, demos un mal espectáculo, un espectáculo de conflicto”, dijo recientemente el primer ministro, Gustavo Adrianzen, en una conferencia de prensa. Boluarte fue más allá y tachó a los manifestantes de “traidores”.

El jueves, los inconformes señalaron que el fantasma del conflicto en APEC era exactamente lo que querían.

Mientras Boluarte, con un vestido rosa brillante y perlas, saludaba a Xi con una guardia de honor ceremonial y un toque de trompeta, la policía antimotines forcejeaba con manifestantes antigubernamentales a unas pocas manzanas.

“Está tratando de aprovechar este momento frente a las cámaras de televisión para fingir que es la presidenta de Perú”, dijo Betty Mendoza, una manifestante de 35 años que mostraba retratos de los 50 civiles muertos en los disturbios de 2022.

“No nos representa”, agregó Mendoza acerca de Boluarte. “No la elegimos”.

En un momento dado el jueves, manifestantes enmascarados avanzaron hacia una línea formada por policías cerca de la sede de la cumbre y empujaron a los agentes, que respondieron y los golpearon con bastones. Los doctores corrieron para atender a varios adolescentes que se sujetaban la cabeza y gritaban de dolor.

“Mi nieto está creciendo en un país donde se está normalizando la violencia”, apuntó Freda Reyes, de 54 años, quien acudió a la protesta desde el distrito obrero de Santa Anita, donde, según contó, 10 de sus vecinos fueron asesinados por bandas criminales este mes.

La última vez que Perú fue anfitrión de APEC, en 2016, registró una ola de protestas similar en todo el país. En aquel momento, los trabajadores estaban en huelga por los bajos salarios y los residentes en Lima se quejaban de la deteriorada infraestructura pública de la capital.

Eso sigue preocupando. El miércoles, un incendio se propagó por los laterales de un almacén de juguetes de plástico de varios pisos y arrasó otras seis casas cerca del palacio presidencial, sin causar heridos pero levantando una nube de humo negro visible desde la alfombra roja donde Boluarte entregaba una medalla a su homólogo malasio.

• La vicepresidenta lidera las intenciones de voto en la crucial Pennsylvania.

• Pero quedan tres semanas de vértigo hasta las elecciones del 5 de noviembre. Algunas claves.

Donald Trump lleva ventaja entre los votantes respecto de la economía. Foto: AP

Kamala Harris, en un evento de campaña este viernes en Scottsdale, Arizona. Foto: AP

Un día de 2011, la jueza Alejandra Velázquez, que estaba a cargo en ese entonces del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, una localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina, convocó a su despacho a dos de las asistentes sociales que trabajaban en su equipo técnico para hacerles una propuesta.

La magistrada, que declaraba el estado de adoptabilidad de menores y aprobaba su adopción, les sugirió a las empleadas que podrían conseguir un dinero extra, por fuera de su sueldo, a cambio de realizar una tarea durante su trabajo de campo, de acuerdo con la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires que determinó su destitución en 2017. Ese apartamiento fue el puntapié para una causa penal que determinó su presente: desde julio espera detenida en España su extradición.

Las asistentes sociales declararon que la jueza les propuso que durante las visitas que hacían a barrios vulnerables identificaran familias cuyos hijos podrían llegar a ser entregados en adopción. La sentencia dice, textualmente, que les sugirió ir a “conseguir panzas”, en referencia a mujeres embarazadas. A cambio, les explicó “que había muchos matrimonios adinerados en la zona”, con residencias en los barrios cerrados que abundan en el área, “que estaban dispuestos a pagar muy bien por ese trabajo”.

Este fue solo uno de los hechos por los que, además de ser apartada de su cargo, Velázquez enfrenta una investigación, aún abierta, por los delitos de “cohecho activo” y “falsedad ideológica” que llevó a la Justicia argentina a pedir una orden de detención a Interpol que se concretó en territorio español.

 Por el momento la jueza no cuenta con abogados designados en Argentina. Medios consultaton a la Audiencia Nacional en España sobre si tiene representante en ese país, pero aún no obtuvo respuesta.

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La causa penal

Según confirmaron a CNN fuentes judiciales y el fiscal de la causa, José Amallo, hubo varias irregularidades en su trabajo como magistrada.

Amallo explica que desde la fiscalía tienen los elementos necesarios para comprobar al menos dos delitos de los que se la imputaron también en el jury que la destituyó. “Uno es haber firmado de manera falsa cerca de 60 resoluciones en oportunidades que no estaba ni siquiera en el país. Hemos acreditado caso por caso que no estaba en el país en el momento de firmarlas”. El otro, señaló, fue la propuesta a las trabajadoras sociales.

En Argentina, por ley, no está permitida la adopción directa. El Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente la entrega de niños o adolescentes por parte de cualquiera de los progenitores u otros familiares. Solo un juez puede determinar, después de una serie de pasos, su estado de adoptabilidad y su posterior vinculación con una familia.

Luego de reunir pruebas, la Fiscalía convocó a Velázquez para ser indagada, pero no la encontró en ninguno de los domicilios declarados en el expediente judicial. Tras comprobar que había salido de Argentina mediante una consulta a la Dirección de Migraciones, se solicitó a Interpol que emita una orden para dar con ella.

La Policía española en Valencia encontró a Velázquez en julio de este año, según confirmaron las fuerzas de ese país a CNN. Ahora espera su juicio de extradición, tras el pedido formal en julio de este año por parte de la fiscalía, para que pueda continuar la causa en Argentina.

Para los delitos que se investigan, están previstas penas de entre 1 y 6 años de prisión, según fuentes judiciales. Sin embargo, uno de los hechos se habría repetido en más de una ocasión por lo que la acusada podría enfrentar penas acumulables.

La destitución de Velázquez

Velázquez fue destituida en septiembre de 2017 tras enfrentar un Jurado de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, su área de acción, que investiga la conducta de los jueces y funcionarios de las primeras instancias.

Para llegar a su apartamiento, el veredicto sostiene que hubo “incumplimiento reiterado de leyes y tratados en materia de adopción, graves irregularidades observadas en el procedimiento, desapego a parámetros convencionales: interés superior del niño, e incumplimiento de los deberes a su cargo”, entre otros.

De su defensa en esa misma causa se desprende que Velázquez “asegura que su intención fue mejorar el servicio de justicia, que resolvía en tiempo y forma, que a su criterio la eficiencia es fundamental, que nunca recibió quejas de ningún abogado ni del Colegio de Abogados por demoras o por la calidad de las resoluciones – resalta que a los abogados de Pilar ofrecidos como testigos la acusación los desistió- y que jamás violó una ley ni dio instrucciones ilegales. Reconoce que errores pueden existir, que “necesariamente tenía que delegar”.

La sentencia también la inhabilitó de por vida para ocupar otro cargo judicial.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, conocido por su estilo directo y su filosofía de vida, ha revelado detalles sobre su estado de salud y su lucha contra el cáncer en una entrevista con The New York Times. Mujica, quien fue descrito por el medio como un "filósofo sin pelos en la lengua", habló de cómo el tratamiento de radioterapia al que se ha sometido para combatir un tumor en el esófago lo ha dejado "deshecho". "Estoy perdiendo la vida", confesó Mujica, mostrando una mezcla de fragilidad física y fortaleza emocional a sus 89 años.

El cáncer de esófago de Mujica fue diagnosticado a principios de mayo, cuando una endoscopía reveló un tumor en el esófago inferior. A pesar de que el tratamiento de radioterapia ha mostrado resultados positivos según los médicos, el propio Mujica admitió que el proceso lo ha dejado agotado. Raquel Pannone, su médica de cabecera durante más de 15 años, comentó que si bien no se ha completado una evaluación completa de su salud, los estudios realizados hasta ahora indican que "la situación está dentro de lo previsto". Sin embargo, Mujica reconoció que el camino hacia la recuperación es arduo, especialmente a su avanzada edad y con un diagnóstico de enfermedad autoinmune.

En la entrevista, Mujica no solo habló de su estado de salud, sino que también compartió reflexiones profundas sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. A pesar de su enfermedad, el expresidente mantiene su característico enfoque filosófico. "La vida es hermosa, con todas sus peripecias, la amo. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme", reflexionó. Mujica destacó la importancia de encontrar un propósito en la vida, algo que vaya más allá de las necesidades materiales impuestas por la sociedad y el mercado. "Eres libre cuando escapas a la ley de la necesidad, cuando gastas tiempo de tu vida en lo que a ti se te ocurre", explicó, criticando cómo la sociedad moderna ha sido consumida por el materialismo y la búsqueda interminable de posesiones.

Mujica también compartió sus pensamientos sobre el uso de la tecnología moderna y cómo, a su juicio, la humanidad ha perdido el rumbo en su búsqueda de progreso. "La culpa no la tiene el teléfono. Somos nosotros los que no estamos a la altura de la tecnología", dijo, lamentando que la gente esté más enfocada en la acumulación de bienes que en disfrutar de las cosas simples y verdaderas de la vida.

A lo largo de la entrevista, Mujica mostró su característico humor y franqueza, hablando de temas que van desde la naturaleza hasta la tecnología y la política mundial. A pesar de su estado de salud, Mujica sigue siendo una voz influyente en Uruguay y más allá, con su mensaje de sobriedad, reflexión y búsqueda de la felicidad humana en lugar de la riqueza material.

En cuanto a su visión de Dios y la espiritualidad, Mujica se mostró respetuoso hacia aquellos que creen, aunque él mismo no se identifica con ninguna fe religiosa. "El 60 por ciento de la humanidad cree en algo y hay que respetarlo", dijo, señalando que la idea de un ser supremo puede ofrecer consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. Para Mujica, la vida es un "programa biológico" destinado a luchar por la supervivencia, pero siempre bajo la sombra de la mortalidad.

Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Panamá se sumaron a la lista de países que reconocen al candidato opositor venezolano Edmundo González como ganador de las polémicas elecciones presidenciales del domingo, a pesar de que el órgano electoral del país anunció que el actual presidente Nicolás Maduro fue el más votado.

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Por su parte Ecuador dijo que el país reconoce a González como presidente electo dado que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) del país reflejan una "evidente manipulación".

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador dijo que el gobierno de Maduro "intentó, con fraude e irregularidades, usurpar los resultados reales (…) Por lo tanto, este reconocimiento de Ecuador se basa en el respeto a la voluntad legítima del pueblo de esta nación".

De la misma manera, el gobierno de Argentina reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. La canciller Diana Mondino anunció que la Argentina reconoce al candidato opositor al chavismo, Edmundo González, como presidente electo de Venezuela.

La decisión fue tomada luego de que Estados Unidos hiciera el reconocimiento de González como mandatario electo en la noche del jueves. Además le reclamaron a Nicolás Maduro no haber mostrado las actas oficiales del escrutinio por las elecciones.

El presidente Javier Milei difundió en X -ex Twitter- un mensaje de la Canciller Diana Mondino que reconoce a González.

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Costa Rica, también en un comunicado X, dijo que era "evidente" que Maduro "no recibió la mayoría de votos de los venezolanos".

"Refutamos la fraudulenta proclama de que él (Maduro) ganó las elecciones, es indiscutible que Edmundo González recibió el apoyo mayoritario del pueblo venezolano cuya voluntad soberana debe ser respetada", menciona el comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Omar Paganini, dijo que ante las "abrumadoras evidencias, para Uruguay es claro que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales venezolanas".

"Esperamos que se respete la voluntad del pueblo venezolano", escribió en X.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes en su cuenta de X que su gobierno se une al reconocimiento de González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

Argentina no ha reconocido a González como presidente electo pero dijo que actualmente "rechaza e ignora" los resultados del CNE, añadiendo que: "La República Argentina sigue con suma atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse definitivamente".

Estos anuncios se producen horas después de que EE.UU. reconociera a González como "claro" ganador de las elecciones, algo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de excesivo.

"Con todo respeto, lo que hizo ayer el Departamento de Estado es un exceso. Ofrezco disculpas al señor Blinken (secretario de Estado de EE.UU.) pero eso no les corresponde, se están extralimitando, eso no ayuda a la convivencia pacífica en armonía en las naciones", dijo López Obrador el viernes durante una conferencia de prensa.

"Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo, no se autoriza a ningún gobierno, no es legal, no es legítimo emitir un dictamen dando ganador o perdedor a un candidato de otro país. ¿Qué es esto? ¿Un gobierno del mundo?", dijo.

Los comentarios del presidente de México se producen después de que su país, junto con Brasil y Colombia, pidiera al organismo electoral de Venezuela que publicara un desglose de los datos de votación de los colegios electorales.

El viernes, el CNE, controlado por Maduro, dijo que casi el 97% de las papeletas de votación habían sido transmitidas y que Maduro obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que el candidato opositor Edmundo González alcanzó el 43,18%.

Poco después, la líder opositora María Corina Machado se lanzó a la X para publicar los datos "completos" de la votación recopilados por su campaña. "Ofrecemos la verdad al mundo", escribió.

Brasil, Colombia y México, todos liderados por presidentes de izquierda, le solicitaron al gobierno chavista que transparenten rápidamente el desglose mesa por mesa de las recientes elecciones para que las “controversias sobre el proceso electoral” sean “dirimidas”.

Mediante un llamado telefónico tripartito, Luiz Inácio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Gustavo Petro se reunieron para abordar la crisis política que dejó las recientes elecciones presidenciales de Venezuela. Mediante un comunicado conjunto, los mandatarios de Brasil, México y Colombia, respectivamente, señalaron que siguen “con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos”, y llamaron a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro a “que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”.

La petición no proviene de cualquier grupo de presidentes. Se trata de tres mandatarios de izquierda que en el pasado se mostraron amistosos con la administración chavista, también promoviendo su integración en la región durante los últimos años. Si bien fueron de los más cautos tras el anuncio de la victoria -puesta en tela de juicio por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González- de Maduro, el domingo pasado, ahora solicitan una salida transparente y democrática del asunto.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dan la mano, mientras se reúnen en el Palacio de Miraflores, en Caracas, el 18 de noviembre de 2023. Foto: Reuters.

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”, prosigue el comunicado, para luego convocar a la calma. “Hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento”.

De momento, las autoridades locales hablan de 1.200 detenidos en el marco de manifestaciones contra el gobierno de Maduro, que fue proclamado presidente por tercera vez consecutiva con el 51% de los votos. La oposición, en cambio, señala que el recuento estuvo amañado y que González habría logrado el 73% de los respaldos ciudadanos, basándose en las actas de sus testigos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, celebra tras las elecciones presidenciales en Caracas, el 29 de julio de 2024. Foto: Reuters.

Si bien el comunicado no proclama a Maduro como mandatario, ni tampoco lo hace con González, marca la exigencia de un sector aliado para la pronta y transparente resolución de las elecciones venezolanas.

A modo de cierre, los tres mandatarios izquierdistas plantean: “Sea esta la oportunidad para expresar, nuevamente, nuestro absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano”.